on 12-Dec-2016 (Mon)

Este Derecho se ampara en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 8 y 35, fracción V, que señalan:

Artículo 8:

Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República.

A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.

Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano:

V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República:

I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que determinen las leyes.

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de Ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley.

II. Alistarse en la Guardia Nacional.

III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley.

IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos.

V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado

Los problemas de la técnica jurídica son cinco:

La interpretación, la integración, la vigencia, la retroactividad y los conflictos de las leyes en el tiempo y en el espacio.

7.1.1 Silogismo jurídico.

Es el razonamiento de aplicación de los normas del derecho, la interpretación está constituida por:

 Premisa mayor, es la norma genérica.

 Premisa menor, es la conducta que declara realizado el supuesto de la norma.

 Conclusión, es el castigo que se le imputa a los sujetos implicados en el caso de las consecuencias del derecho.

García Maynez, lo ejemplifica de la siguiente manera:

Premisa mayor: El que cometa el delito de falsificación de moneda, se le aplicará de seis meses a cinco años de prisión y multa de cien a tres mil pesos.

Premisa menor: “X” persona ha cometido el delito de falsificación de moneda.

Conclusión: Debe aplicarse a “X” de seis meses a cinco años de prisión y multa de cien a tres mil pesos.

Silogismo jurídico.

Es el razonamiento de aplicación de los normas del derecho, la interpretación está constituida por:

 Premisa mayor, es la norma genérica.

 Premisa menor, es la conducta que declara realizado el supuesto de la norma.

 Conclusión, es el castigo que se le imputa a los sujetos implicados en el caso de las consecuencias del derecho.

García Maynez ejemplifica el Silogismo jurídico de la siguiente manera:

Premisa mayor: El que cometa el delito de falsificación de moneda, se le aplicará de seis meses a cinco años de prisión y multa de cien a tres mil pesos.

Premisa menor: “X” persona ha cometido el delito de falsificación de moneda.

Conclusión: Debe aplicarse a “X” de seis meses a cinco años de prisión y multa de cien a tres mil pesos.

La interpretación es esclarecer el sentido de una expresión. Se interpretan las palabras, para descubrir lo que significan. La interpretación puede ser:

a) A la letra, conforme a la escritura del texto de la norma jurídica.

b) Lógica, cuando la expresión es oscura, incompleta, se requiere encontrar su significado.

c) Auténtica o Legislativa, la que realiza el propio legislador.

d) Judicial o jurisprudencial, la que llevan a cabo los Jueces y Tribunales.

e) Doctrinal o privada, la que llevan a cabo los tratadistas y aun cuando esta no es obligatoria, algunas leyes y tesis se han basado en los estudios realizados por diversos Juristas.

7.2.1 Métodos y escuelas de interpretación

Método exegético:

Este método se basa en que la ley es la expresión de la voluntad legislativa, es decir pretende que la intención del legislador predomine sobre el alcance literal del texto jurídico y considerable infalible al creador de la ley.

Este método interpreta lo que quiso decir el legislador; respetar la voluntad del creador de la ley con auxilio de la exposición de motivos, diario de debates, tradición histórica y la costumbre de la época.

Escuela lógica–sistemática

Interpretar lo que debió decir el legislador; se afirma que no debe buscarse el querer ser, sino el deber ser, lo que el legislador hubiera debido querer, pretendiendo encontrar el sentido de la ley, atendiendo al ambiente ideológico.

Escuela histórica

Interpreta lo que debe decir el legislador, señala que la ley una vez creada, se independiza de sus autores, adquiriendo vida propia y sujeta a todos los cambios que reclama la evolución social y el proceso de las ideas.

Escuela de Derecho–libre

Interpreta lo que debe decir el juzgador y se refiere a la facultad discrecional del juzgador para resolver conforme a su concepción propia del deber ser.

En si busca la libertad del juzgador para resolver atendiendo a los cambios de la sociedad a los que la ley está sometida.

Este método se basa en que la ley es la expresión de la voluntad legislativa, es decir pretende que la intención del legislador predomine sobre el alcance literal del texto jurídico y considerable infalible al creador de la ley.

Este método interpreta lo que quiso decir el legislador; respetar la voluntad del creador de la ley con auxilio de la exposición de motivos, diario de debates, tradición histórica y la costumbre de la época.

Interpretar lo que debió decir el legislador; se afirma que no debe buscarse el querer ser, sino el deber ser, lo que el legislador hubiera debido querer, pretendiendo encontrar el sentido de la ley, atendiendo al ambiente ideológico.

Interpreta lo que debe decir el legislador, señala que la ley una vez creada, se independiza de sus autores, adquiriendo vida propia y sujeta a todos los cambios que reclama la evolución social y el proceso de las ideas.

Interpreta lo que debe decir el juzgador y se refiere a la facultad discrecional del juzgador para resolver conforme a su concepción propia del deber ser.

En si busca la libertad del juzgador para resolver atendiendo a los cambios de la sociedad a los que la ley está sometida.

En la teoría de plenitud hermética del orden jurídico. sugiere que cuando no hay controversia ni cuestión alguna que no tenga una solución jurídica adecuada, que no puede ser resuelta por el Derecho, inclusive, en los casos en que no exista una norma jurídica que prevea una determinada situación, las reglas de integración consisten en:

a) Analogía. Consiste en atribuir a situaciones parcialmente idénticas (una prevista y otra no prevista por la ley), las consecuencias jurídicas que señalan la regla aplicable al caso previsto.

b) Equidad. Es la aplicación de la justicia al caso concreto, es decir, es la justicia individualizada.

c) Los principios generales del Derecho. Son aquellos principios jurídicos que tienen validez intrínseca, que provienen del Derecho natural o del Derecho justo.

7.3.1 Reglas de interpretación e integración

En el artículo 14 constitucional en los párrafos tercero y cuarto señala las reglas de integración e interpretación en materia penal y civil:

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

En materia penal, es de importancia saber que no hay delito sin ley ni pena sin ley, es decir no hay mas hechos delictuosos que aquellos que la ley penal define y castiga, ni más penas que las que las mismas leyes

establecen, en sí nadie podrá ser castigado por hechos que la ley no contemple ni penas establecidas en ley.

Esto no quiere decir que la ley penal no puede interpretarse, más bien lo que el artículo 14 prohíbe no es la interpretación, si no la integración de un acho o hecho jurídico a la ley penal, ya que como se señala anteriormente la ley carece de lagunas.

La ley penal se sujeta a otros principios:49

1) En caso de obscuridad de la ley, es decir, cuando haya duda acerca de su sentido, debe interpretarse en la forma más favorable al acusado.

2) La interpretación extensiva sólo es lícita a favor del reo.

En materia civil, como señala en artículo 14 constitucional, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho, es decir la cuestión interpretativa surgen no solo al resolver los conflictos en el juicio civil sino en cualquier acto de aplicación de la ley.

Cuando el sentido de la ley es dudoso, se entra al estudio de la interpretación, hay que entrar al estudio del sentido de la ley, la instancia que resuelve la interpretación es el Poder Judicial de la Federación, y su resultado es la jurisprudencia a la que debe acudirse a falta de norma expresa o de norma aplicable por analogía.

A falta de norma expresa o análoga y de jurisprudencia, las lagunas de la ley deben colmarse por la costumbre y la equidad.

El Artículo 10 del Código Civil Federal señala que: contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario, en materia civil solo la costumbre sólo es aplicable si la ley así lo dispone.

Cuando un caso concreto está sometido a una ley, el órgano jurisdiccional procede de la siguiente forma:


a) La misión de los jueces y tribunales consiste en la aplicación del derecho a casos particulares, pero si la formulación y determinación del derecho se aplica conforme ley, resulta obvio que los órganos jurisdiccionales se sujeten a ella.

b) El fin último del derecho es el orden y el mejor modo de asegurar éste consiste en dar a los preceptos jurídicos la claridad, fijeza y permanencia de las leyes escritas, tales leyes deberán ser fielmente respetadas por los tribunales.

c) El derecho debe ser igual para todos, todo el mundo debe conocer los preceptos legales y se deben sujetar sin distinción de género, raza, etc.

d) El respecto de los jueces hacia la aplicación de la ley es la garantía de libertad que concede nuestra constitución en los artículos 14 y 16 ya que todo ciudadano, no debe ser expuesto al capricho y la arbitrariedad, de éstos, si no es sometido a una justicia firme, que se administre de acuerdo con los principios oficialmente establecidos y claramente identificables.

7.4.1 Relaciones entre ambas

La resolución judicial es el acto procesal de un juez o tribunal destinado a atender a las necesidades del desarrollo del proceso o a su decisión.

El artículo 220 del Código Civil Federal contempla como resoluciones judiciales las siguientes:

Decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite en un juicio. Autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio.

Sentencias, cuando decidan el fondo del negocio.

La ley es la norma jurídica obligatoria y general dictada por legítimo poder para regular a conducta de los hombres o para establecer los órganos necesarios para el cumplimiento de sus fines.

Las relaciones que pueden existir entre las resoluciones judiciales y la ley son tres:

a) Resoluciones basadas en ley.
El juez en un conflicto legal es quien va a decir conforme a ley quien tiene el menor derecho de hacer valer su pretensión en el proceso judicial y la decisión o resolución va a tener el carácter de obligatoria, pudiendo imponerla por la fuerza en caso dado haciendo uso del aparato coercitivo estatal.

b) Resoluciones de ausencia de ley.
Al respecto dice el artículo 14 de nuestra Constitución: En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Es por tal motivo que el juzgador hará valer los principios generales del derecho y por ende aún en el caso de ausencia de ley es posible dictar una sentencia.

c) Resoluciones en contra de la ley.
Una sentencia contraria a la ley es cuando ya no es impugnable y cuando ya no es susceptible de ser controlada por los medios de tutela de la legalidad y de la constitucionalidad por haberse dejado pasar la oportunidad para ello.

Independientemente del resultado a que conduzca el derecho cuando el juzgador diga su veredicto, aunque se crea que se violan textos legales, si ya no hay medio de impugnación, tal es la verdad legal y así lo prevé la ley; consecuentemente, nos adherimos al principio de la plenitud hermética del orden jurídico pues, todas las situaciones de conflicto de intereses en que es necesaria la dicción del derecho pueden ser resueltos jurídicamente, de conformidad con principios de derecho.

El artículo 220 del Código Civil Federal contempla como resoluciones judiciales las siguientes:

Decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite en un juicio.

Autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio.

Sentencias, cuando decidan el fondo del negocio.

Las relaciones que pueden existir entre las resoluciones judiciales y la ley son tres:

a) Resoluciones basadas en ley.
El juez en un conflicto legal es quien va a decir conforme a ley quien tiene el menor derecho de hacer valer su pretensión en el proceso judicial y la decisión o resolución va a tener el carácter de obligatoria, pudiendo imponerla por la fuerza en caso dado haciendo uso del aparato coercitivo estatal.

b) Resoluciones de ausencia de ley.
Al respecto dice el artículo 14 de nuestra Constitución: En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Es por tal motivo que el juzgador hará valer los principios generales del derecho y por ende aún en el caso de ausencia de ley es posible dictar una sentencia.

c) Resoluciones en contra de la ley.
Una sentencia contraria a la ley es cuando ya no es impugnable y cuando ya no es susceptible de ser controlada por los medios de tutela de la legalidad y de la constitucionalidad por haberse dejado pasar la oportunidad para ello.

7.5.1 Teoría de los derechos adquiridos

La teoría que establece la existencia de la retroactividad de la norma jurídica es llamada Teoría de los derechos adquiridos.

7.5.2 Irretroactividad de la ley

La irretroactividad es un principio jurídico que impide la aplicación de una nueva ley a actos realizados de acuerdo con otra anterior que los autorizaba o a hechos producidos con anterioridad al comienzo de su vigencia.

La irretroactividad de la ley se contempla en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

7.5.3. Retroactividad de la ley

La retroactividad es la eficacia excepcionalmente reconocida a la ley en virtud de la cual puede afectar hechos, actos o situaciones jurídicas ocurridas con anterioridad al momento de la iniciación de la vigencia.

Para que una ley sea retroactiva se requiere que obre en el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores, esta circunstancia es esencial

La retroactividad consiste en aplicar leyes actuales a hechos o actos jurídicos anteriores o viceversa, aplicar las leyes anteriores a hechos o actos jurídicos cuyas consecuencias de derecho no se agotaron durante la vigencia de la ley anterior.

En el Derecho civil, la aplicación retroactiva es lícita en aquellos casos en que a nadie perjudica, es decir, cuando lejos de perjudicar, beneficia a los particulares.

En el Derecho Penal, existen supuestos que señala el Código Penal Federal, en su artículo 56, respecto a la retroactividad de la ley, mismo que señala:

Cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor una nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando el reo hubiese sido sentenciado al término mínimo o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva norma.

Lo que se entiende que si procede que una ley vigente se regrese al pasado si lo hace con la seguridad que beneficie al inculpado o sentenciado, cuando la ley del presente sea más benéfica que la del pasado (retroactividad), se le juzgará con ésta, A esto se le conoce como el principio in dubio pro reo es decir, que la nueva ley solo podrá ser aplicada en caso que favorezca al reo.

La ley se ha creado para aplicarse en determinado lugar o territorio. Por tanto, las leyes dictadas por el poder público en México deben aplicarse dentro del territorio nacional. El conflicto de leyes en el espacio que generalmente se presenta es el referente a que ley se aplicará a nacionales y extranjeros respecto a actos jurídicos celebrados en el extranjero con efectos en el territorio nacional. De ahí que constantemente se presenten problemas de Derecho Internacional relativos a la ley que debe aplicarse en determinadas situaciones jurídicas.

Los conflictos de leyes en el espacio no solamente se trata únicamente de investigar qué ley debe aplicarse en el lugar, sino de saber si a una cierta persona debe aplicársele su propia ley o la extranjera. En otras ocasiones, el conflicto existe entre preceptos de diferentes provincias de un mismo Estado, o entre leyes de distintas partes de una Federación. Por ejemplo: un ciudadano mexicano, propietario de una casa ubicada en Estados Unidos, hace su testamento en Argentina, y deja como heredero a un ciudadano Italiano, y fallece en Chile. Surge entonces el problema de saber si la sucesión testamentaria debe regirse por la ley del Estado a que pertenece el testador, o por el País donde se encuentra ubicado a casa, o por la del lugar en que se hizo el testamento, o por la del Estado a que pertenece el heredero, o por la de aquel en que ha muerto el testador, es aquí donde se genera la validez de aplicación de la norma jurídica, teorías que se señala a continuación.

7.6.1 Teorías y reglas aplicables

La aplicación de la ley en el espacio contemplados por nuestro Derecho mexicano son:
1. Con lo referente a la aplicación de las leyes a nacionales y extranjeros que se encuentren en nuestro territorio nacional, el artículo 12 del Código Civil Federal señala:

Las leyes mexicanas que rigen a todas las personas que se encuentran en la republica, así como los actos y hechos ocurridos en su territorio o jurisdicción y aquellos que se sometan a dichas leyes, salvo éstas prevean la aplicación de un derecho extranjero y salvo además de lo previsto en los tratados y convicciones de que México sea parte.

Lo que señala este artículo es de que se deberán aplicar las leyes de nuestro estado a nacionales y a extranjeros.

2. Respecto a la aplicación del derecho, las reglas a seguir las contempla el artículo 13 del Código Civil Federal que señala:

La determinación del derecho aplicable se hará conforme a las siguientes reglas:
I. Las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas;

II. El estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio;
III. La constitución, régimen y extinción de los derechos reales sobre inmuebles, así como los contratos de arrendamiento y de uso temporal de tales bienes, y los bienes muebles, se regirán por el derecho del lugar de su ubicación, aunque sus titulares sean extranjeros;

IV. La forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren. Sin embargo, podrán sujetarse a las formas prescritas en este Código cuando el acto haya de tener efectos en el Distrito Federal o en la República tratándose de materia federal; y

V. Salvo lo previsto en las fracciones anteriores, los efectos jurídicos de los actos y contratos se regirán por el derecho del lugar en donde deban ejecutarse, a menos de que las partes hubieran designado válidamente la aplicabilidad de otro derecho.

3. En lo relativo a la aplicación del derecho extranjero se establece en el artículo 14 del ordenamiento anterior:

En la aplicación del derecho extranjero se observará lo siguiente:
I. Se aplicará como lo haría el juez extranjero correspondiente, para lo cual el juez podrá allegarse la información necesaria acerca del texto, vigencia, sentido y alcance legal de dicho derecho;

II. Se aplicará el derecho sustantivo extranjero, salvo cuando dadas las especiales circunstancias del caso, deban tomarse en cuenta, con carácter excepcional, las normas conflictuales de ese derecho, que hagan aplicables las normas sustantivas mexicanas o de un tercer estado;

III. No será impedimento para la aplicación del derecho extranjero, que el derecho mexicano no prevea instituciones o procedimientos esenciales a la institución extranjera aplicable, si existen instituciones o procedimientos análogos;

IV. Las cuestiones previas, preliminares o incidentales que puedan surgir con motivo de una cuestión principal, no deberán resolverse necesariamente de acuerdo con el derecho que regule a esta última; y
V. Cuando diversos aspectos de una misma relación jurídica estén regulados por diversos derechos, éstos serán aplicados armónicamente, procurando realizar las finalidades perseguidas por cada uno de tales derechos. Las dificultades causadas por la aplicación simultánea de tales derechos se resolverán tomando en cuenta las exigencias de la equidad en el caso concreto.

Lo dispuesto en el presente artículo se observará cuando resultare aplicable el derecho de otra entidad de la Federación.

4. En cuanto a la no aplicación del derecho extranjero en nuestro país el artículo 15 del Código Civil Federal señala:

No se aplicara el derecho extranjero.
I. Cuando artificiosamente se hayan evadido principios fundamentales del der